Frente a la persistencia de los distintos gobiernos respecto a la aplicación de operativos de evaluación consistentes en pruebas estandarizadas, como las pruebas “aprender” o las pruebas PISA, desde CTERA volvemos a rechazar a estos tipos de dispositivos que limitan la posibilidad de hacer un verdadero diagnóstico acerca de los procesos de aprendizaje y de las situaciones educativas en toda su complejidad.

Desde CTERA se propone pensar en un verdadero y riguroso sistema de evaluación que permita resolver los problemas fundamentales de la educación, partiendo de una Evaluación del Sistema Educativo que sea  integral, formativa, no-punitiva y que, en definitiva, contribuya con el mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que no se reduzca a una simple prueba de medición y control.

A la razones de nuestro rechazo frente a las pruebas estandarizadas que hemos puesto de manifiesto en todos estos años, ahora le sumamos la preocupación por grandes dificultades que han tenido las y los estudiantes para sostener sus procesos de aprendizaje durante el contexto de pandemia; como así también las fuertes desigualdades existentes entre los distintos sectores de la sociedad y que han impactado de manera muy diferenciada en las posibilidades educativas del conjunto, perjudicando más a los sectores en condiciones de vulnerabilidad, con escasos recursos y en los niveles socioeconómicos más bajos.

En el contexto prepandémico ya sosteníamos desde CTERA que las pruebas estandarizadas de este tipo constituyen una mirada reduccionista de los procesos educativos y que de ninguna manera resultan apropiadas para comprender su complejidad, pues sólo se limitan a “medir” una parte muy reducida de los contenidos de aprendizaje. A lo que hoy se suma la pregunta sobre qué sentido tiene plantear una prueba homogénea que evalúe los mismos contenidos a una población estudiantil que ha transitado de manera muy heterogénea el año lectivo, y que ha sufrido tremendas diferencias y desigualdades agudizadas en tiempos de pandemia.

¿Cómo se van a corresponder los contenidos a “evaluar” en la prueba con los temas que en cada jurisdicción se han priorizado? Porque si bien a escala nacional se definieron ciertos criterios de priorización de contenidos, todos sabemos que luego, en cada jurisdicción, las condiciones de posibilidad existentes actuaron de manera desigual y diversa en los procesos de implementación. A lo que se le agrega la complejidad de las distintas estrategias digitales con las que pudieron contar según cada sector.

Por otro lado, también es importante reconocer que durante el contexto de pandemia las posibilidades de desarrollar los procesos de enseñanza se vieron seriamente afectadas y la docencia en su conjunto tuvo que focalizar más su trabajo en las tareas de cuidado, seguridad sanitaria, atención e inclusión, lo que devino en sobrecarga laboral e intensificación del trabajo, teniendo a su vez que desplegar una serie de alternativas comunicacionales y tecnológicas para garantizar la continuidad pedagógica frente a la desigualdad social que la pandemia puso aún más al descubierto. Por lo que no se puede pensar hoy en aplicar una prueba estandarizada que sólo “mida” contenidos, para luego sacar resultados homogeneizantes o porcentajes generales de aprobación, sin tener en cuenta todos estos condicionantes que afectaron de manera muy desigual a todo proceso educativo.

Es por todo esto que ahora, más que nunca, se torna necesario pensar en un consistente sistema nacional de evaluación educativa que brinde la información necesaria para mejorar las diversas problemáticas educativas y así contribuir con el pleno ejercicio del derecho a la educación desde una perspectiva de justicia curricular, de soberanía pedagógica y con sentido igualitario e inclusivo.

Buenos Aires, viernes 19 de noviembre

Sonia Alesso

Secretaria General

Roberto Baradel

Secretario General Adjunto

Miguel Duhalde

Secretario de Educación