En este día se conmemora un aniversario más de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Este  día como todos los días, es un tiempo para hacer balances, reconociendo los logros alcanzados como fruto de la lucha llevada adelante por los organismos de derechos humanos, acompañados por las organizaciones sociales que denodadamente trabajaron durante todos estos años; y también para sumar el reclamo, para que esta sociedad en que vivimos sea más democrática, profundizando y extendiendo la justicia para todas y todos los argentinos

En ese sentido, cabría recordar que nuestro país, hace más de treinta años, sufrió la violación más atroz, como acción sistemática del Estado, a partir de la instalación del Terrorismo. Ello derivó en el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Pero fue más todavía: la sospecha sobre toda la sociedad, la instalación del miedo como estilo de vida, la destrucción de partidos políticos y organizaciones sociales, a lo que se sumó la apropiación de bebés con la consecuente privación de su identidad.

A partir de la llegada de la democracia, la pelea por construir memoria, verdad y justicia sufrió avances y retrocesos. Aún se mantiene en la memoria el juicio histórico a las juntas militares, pero también el avance del neoliberalismo con las leyes de “obediencia debida”, la de “punto final” y los indultos.

Como sociedad sentíamos y sufríamos el embate del capitalismo salvaje que destruía fuentes de trabajo, dejaba a miles de familias y niños en la calle y cubría con un manto de olvido la historia del pasado reciente.

Las dificultades para la construcción de una sociedad  democrática con verdad y justicia, también, se reconoce en algunos gobiernos que prefirieron el silencio, o en medios masivos de comunicación y en comunicadores sociales cuyas explicaciones acerca de la realidad, terminaron encubriendo la verdad y, naturalizando una acción que fue premeditada y planificada, al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, la que aparece resignificada  para “juzgar” hoy a los sectores más vulnerables del sistema.

Sin embargo a partir del 2004, mediante la acción reparatoria de la ESMA y la derogación de las leyes de “obediencia debida y punto final”, el gobierno nacional sienta las bases para el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad. Es así que en diferentes juzgados del país se inician juicios históricos que finalizan con las condenas de Etchecolatz, Menéndez y Bussi.

En nuestra provincia, la “causa Brusa” y la “causa Guerrieri – Amelonog, demuestra que con memoria, verdad, persistencia y lucha llega la justicia. Este camino continuo con la “Causa Barcos”, la “Causa Alicia López”, secuestrada y desaparecida en la comisaria IV de Santa Fe y con la “Causa Díaz Bessone”. Más recientemente la “Causa Gil” y, actualmente, se lleva adelante la causa de la Fuerza Aérea de Reconquista.

Pero además de los avances en política en derechos humanos, se sancionan leyes que permiten una sociedad con más derechos para todas/os las/os ciudadanas/nos como son la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de muerte digna, la ley contra la violencia de género.

El 10 de diciembre es un día por demás significativo para todos los  habitantes de este país, se conmemoran un aniversario más de la declaración Universal de los derechos humanos y 29 años que vivimos en democracia.

Por ello como trabajadoras/res de la educación en este y en todos los días creemos que tenemos que seguir bregando por más derechos y por más democracia: democracia política, democracia económica, democracia social, democracia mediática, para efectivamente vivir en una sociedad con más igualdad e inclusión.