Desde AMSAFE expresamos nuestra profunda preocupación ante la situación que atraviesan numerosas familias y comunidades educativas de la provincia de Santa Fe como consecuencia de la crecida del río Paraná y la emergencia hídrica. Frente a este escenario, exigimos al Gobierno Provincial y a las autoridades correspondientes respuestas urgentes que garanticen el derecho a la educación y resguarden los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.
En este contexto, reclamamos que se garantice la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes cuyas familias se encuentran afectadas, evacuadas o autoevacuadas, mediante el acompañamiento pedagógico y social necesario para sostener sus trayectorias escolares. La emergencia no puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación, ni profundizar las desigualdades que atraviesan nuestras comunidades.
Asimismo, exigimos que las instituciones educativas que deban trasladar transitoriamente sus actividades cuenten con espacios adecuados, seguros y condiciones dignas para enseñar y aprender, garantizando el cuidado, la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y de toda la comunidad educativa.
De igual manera, reclamamos asistencia y acompañamiento para las y los docentes afectados por la emergencia, garantizando que las licencias justificadas por esta situación no impliquen descuentos salariales ni la pérdida del incentivo por Asistencia Perfecta. Desde AMSAFE venimos denunciando el carácter extorsivo de esta política, que penaliza situaciones ajenas a la voluntad de las y los trabajadores y que resulta especialmente injusta frente a una emergencia de estas características. En este sentido, destacamos el trabajo que vienen realizando nuestras delegaciones sindicales en el relevamiento de docentes afectados y el acompañamiento de cada situación particular, trasladando los reclamos a las autoridades educativas correspondientes.
Desde AMSAFE sostenemos que es responsabilidad indelegable del Estado garantizar los recursos, las condiciones y las políticas públicas necesarias para afrontar esta emergencia. No alcanzan las respuestas parciales ni las medidas aisladas: se requiere una intervención integral, coordinada y sostenida que contemple las necesidades de las familias, las instituciones escolares y las trabajadoras y los trabajadores de la educación.
Nuestro sindicato continúa presente, acompañando a las comunidades educativas, defendiendo los derechos laborales y exigiendo soluciones concretas. Sabemos que frente a las dificultades, la escuela pública vuelve a ser un espacio fundamental de encuentro, cuidado, solidaridad y construcción colectiva. Pero también reafirmamos que la solidaridad de nuestras comunidades no puede reemplazar las responsabilidades del Estado.
Porque defender la escuela pública también significa garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender, especialmente cuando nuestras comunidades más lo necesitan.
¡POR CONDICIONES DIGNAS PARA ENSEÑAR Y APRENDER!
¡LA ESCUELA PÚBLICA DEFIENDE Y CONSTRUYE DERECHOS!




















