Decreto Nº 632/18 del Gobierno Nacional: ajuste y pérdida de derechos.

El Gobierno Nacional anunció en conferencia de prensa las medidas aprobadas a través del Decreto Nº 632/18.

Este decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri está acompañada por las del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

En el texto del decreto, bajo el nombre de «Administración Pública más eficiente y eficaz», lo que se esconde es nuevamente un ajuste brutal.

El Presidente, y los firmantes del decreto, están convencidos de que el Estado debe reducirse a su mínima expresión para actuar exclusivamente como disciplinador social.

El Decreto 632/18 no hace más que confirmar que el proyecto de Cambiemos es la desaparición del Estado de Bienestar y de los programas que actúan como red social. Este proyecto incluye además la desfinanciación de las empresas públicas que resguardan recursos estratégicos y fomentan el desarrollo nacional, abriendo con su debilitamiento una enorme oportunidad para los negocios privados.

Entre las medidas dictadas, se prohíben nuevas designaciones o contrataciones de personal.

Con la prohibición de nuevos contratos de Asistencia Técnica y la rescisión de los existentes al 31 de diciembre de 2018, se deslegitima la relación con las Universidades Públicas, las que realizaron y realizan aportes sustantivos en la implementación de programas sociales, entre otras tareas que, no caben dudas, pasarán a ser realizadas por las consultoras que ya pueblan los pasillos y oficinas del Estado Nacional.

La norma prevé la revisión de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales para determinar si son procedentes, así como la prohibición de otorgar nuevos adicionales, suplementos o bonificaciones hasta diciembre de 2019.

Asimismo la revisión de las estructuras orgánicas y planteles de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado parte del mismo concepto: el Estado es ineficiente y tiene gente de sobra.

Del mismo modo, la invitación a provincias y municipios a adherir a la norma genera un efecto devastador sobre nuestra cultura estatal: la «eficiencia y eficacia», en el caso de los Estados, supone su reducción. La naturalización de este concepto genera el clima necesario para la pérdida de miles de puestos de trabajo y la reducción drástica de la cobertura territorial de los programas y servicios públicos.

Con respecto al Incentivo Docente que paga nación como así también el Fondo Compensador no hace ninguna mención explícita , si bien entendemos desde CTERA que deja la puerta abierta para futuros ajustes,

El Incentivo Docente es fruto de la lucha histórica de lxs trabajadorxs de la educación y lo seguiremos defendiendo como un derecho de los docentes argentinos.

Desde CTERA declaramos el estado de alerta ante cualquier intento de ajustar el presupuesto educativo y llamamos a movilizar para impedir este ajuste.

Buenos Aires, martes 17 de julio de 2018

Sonia Alesso – Secretaria General

Guillermo Parodi – Secretario Prensa