La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y AMSAFE repudian, rechazan y denuncian los convenios firmados recientemente por los titulares de los Ministerios de Educación y Deportes y de Agroindustria del gobierno de la “Alianza Cambiemos” con las empresas del agronegocio y las corporaciones mineras, habilitando su intromisión en la definición de los contenidos curriculares a ser enseñados y aprendidos en las Escuelas Públicas de la Argentina.

A las denuncias que la CTERA viene realizando respecto de las políticas de ajuste y sometimiento llevadas a cabo en el campo social y educativo, a través de la vulneración del derecho a la educación pública, el desmantelamiento de los programas de inclusión con calidad educativa, el desfinanciamiento del sistema público y la subejecución del gasto en materia educacional, ahora se suma nuestro repudio frente a la pretensión de convertir al sistema educativo argentino en un banco para el reclutamiento de jóvenes en el que las empresas pretenden tener un poder de injerencia para el adoctrinamiento, la preparación, selección y sometimiento de la población a los requerimientos de un modelo productivo extractivista, que apunta a la reprimarización de la economía, a la concentración del capital y a la precarización laboral de la clase trabajadora.

Estos convenios firmados, que se presentan como importantes logros, no son más que cortinas de humo para disimular el avance, en el campo educativo, de los principios básicos del neoliberalismo económico y del neoconservadurismo político, de los cuales son fieles representantes los Ministros firmantes por parte del Estado.

Bajo la falacia de «la cantidad de empleo y oportunidades que generan estas empresas», se esconde la estrategia de habilitar al sector privado en su progresivo avance mercantilizador sobre lo público; y con el embuste de promover «una alta capacitación en docentes y directivos de las escuelas y una mejor inserción laboral de los alumnos», se deja al sistema educativo en manos de las corporaciones de la megaminería trasnacional y del oligopolio mundial de la producción de agroquímicos que, en nuestro país, se ven representados por organizaciones como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la UATRE, Monsanto-Bayer, Syngenta, Dow- Dupont, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la minera canadiense Goldcorp, Minera Geometales del Grupo Macri y más de 45 organizaciones y empresas del agronegocio.

Todos estos acuerdos promovidos por el gobierno Nacional, que cuentan con el aval de los Gobernadores de 14 provincias argentinas, van en franca contradicción con la Ley General del Ambiente Nº 25.675 que, en su artículo 14, plantea que a la «educación ambiental» como «el instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible».

Frente a esta situación, convocamos a los educadores y educadoras de todo el país a redoblar los esfuerzos en la batalla cultural que ya venimos sosteniendo desde el Movimiento Pedagógico Latinoamericano para construir, desde la práctica, un proyecto educativo alternativo, que sepa confrontar desde la posición de clase trabajadora contra todo intento de imposición de políticas educativas que pretendan someter al pueblo a los requerimientos alienantes del mundo empresarial.

Desde la resistencia organizada sostenida en todo este tiempo y que hoy se recrea en la lucha que llevamos adelante por todo el país desde la Escuela Pública Itinerante de CTERA, proponemos multiplicar las acciones propositivas desde las aulas, con los docentes los estudiantes y sus familias para convertirnos en sujetos de la determinación curricular y recrear experiencias didácticas y pedagógicas emancipadoras, que permitan construir un currículum que no solo resista este embate sino que, además, enseñe y sueñe con otro modelo de sociedad y otro sistema productivo, basados en la igualdad, la solidaridad y la justicia social.