La Secretaria de Educación Especial de la Comisión Directiva Provincial convocó el pasado miércoles primero de junio, a reunión de Secretarios de la Modalidad de las diecinueve delegaciones departamentales de nuestra provincia, a los efectos de debatir las problemáticas específicas de la modalidad.

También se debatió acerca de la sanción y aplicación de manera unilateral y arbitraria del Decreto 2703/2010 sobre “Pautas de Organización y Articulación del Proyecto de Integración Institucional de Niños, Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad”.

A la misma asistieron docentes de todas las delegaciones e instituciones escolares que aportaron sus consideraciones sobre las diferentes temáticas.

Se objetó el modo en que se planteó el cierre de grados radiales, donde esta decisión significó el desarraigo escolar de los alumnos obligándolos  a trasladarse a varios kilómetros de su localidad para recibir su educación.

Como consecuencia de estos cierres se modificaron de manera unilateral y por fuera de la paritaria las funciones y condiciones de trabajo de los docenes que hoy han sido pasados a la integración.

En cuanto a la Creación de los Acompañamientos Adicionales, se caracterizó como una figura que abre las puertas a la tercerización y flexibilización de la actividad docente, en un contexto en el que no se garantiza calidad educativa ni igualdad de oportunidades a los sujetos de la integración.

Si bien se reconoce el objetivo de construir una educación en la diversidad, no es real ni posible dicho propósito, si en lo concerniente  al tema presupuestario no existe la creación de cargos, provisión de viáticos, equipamiento adecuado, adaptaciones edilicias en escuelas especiales y comunes con integración, equipos interdisciplinarios, formación docente.

Más allá de la crítica a las actitudes oficiales de la Dirección Provincial, se puso de manifiesto la oportunidad de integrar en la escuela común inicial, primaria y secundaria, cuando las condiciones y los recursos humanos y materiales estén dados.

Entendemos que es necesaria una definición política clara, precisa y profunda, que vele por los derechos de los alumnos  y sus familias pero también preserve los derechos del docente como trabajador de la educación.