Ante los hechos de conocimiento público en referencia al desmantelamiento del programa ESI, expresamos nuestro más enérgico repudio a cualquier posibilidad que intente vulnerar la fuente laboral de los/as trabajadores/as.

Por otra parte, el Estado debe garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral 26.150/06 porque es un derecho de niñas/os y adolescentes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de toda la República Argentina, desde los niveles de educación inicial hasta la formación docente.

A 10 años de la sanción de esta Ley, reflexionamos sobre la importancia de este Programa a Nivel Nacional, que permitió una Educación Sexual Integral enmarcada en los DDHH, que amplió la mirada del respeto, la igualdad y la equidad de oportunidades para colaborar con esta batalla contracultural que pregonamos para la eliminación definitiva de la violencia de género, del maltrato infantil, de la trata de personas, entre otras.

Desde nuestras organizaciones sindicales, manifestamos un gran compromiso con la difusión y la implementación de este Programa, porque defendemos la educación pública, popular, democrática y de calidad, por eso necesitamos que el estado garantice las políticas públicas que en ese sentido se venían coordinando e implementando.

Es imprescindible no retroceder en los derechos ya conquistados, por ello no resignamos como educadores/as, acompañar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el proceso de construcción de una sexualidad responsable, plena, saludable, libre de violencias, miedos y culpas, segura y gozosa, en donde el afecto, el placer y la decisión responsable sean componentes para el respeto de sí mismo/a y del otro/a, en pos de una sociedad igualitaria y justa.

Como parte de la construcción de esta Ley y de este Programa y porque somos la voz de nuestros/as estudiantes, no permitiremos que se invisibilizen sus derechos.