A raíz de los debates y discusiones que se han suscitado en la actualidad respecto de los Acuerdos Federales para el mejoramiento de las trayectorias escolares, en relación con la problemática de la repitencia y la situación de exclusión educativa que experimentan muchas niñas, niños y jóvenes de nuestro país.

Desde la AMSAFE consideramos relevante y necesario plantear algunos puntos clave desde los cuales reflexionar acerca de esta temática sumamente compleja.

En primer lugar, consideramos que la repitencia como estrategia de aprendizaje, ya en su misma concepción (repetir, volver a hacer o ya hecho) remite a una idea mecanicista del conocimiento, reñida con la perspectiva crítica que como organización sostenemos acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que no hace más que reforzar la estigmatización, discriminación y exclusión educativa. En palabras de Perrenoud (1996), “en tanto procedimiento, la repitencia esconde una selección inconfesable vinculada a las desigualdades económicas, sociales y culturales. […] Si se plantea que la institución escolar tiene como finalidad formar sujetos críticos, capaces de acceder al mundo del trabajo y al ejercicio de la ciudadanía; la repetición de un curso representa una incoherencia, porque favorece la selección de aquellos alumnos que tendrán mayores o menores posibilidades de finalizar sus trayectorias escolares e incorporarse plenamente en la sociedad.”

En este sentido, la AMSAFE reconoce la importancia de algunas de las decisiones planteadas en los Acuerdos Federales antes mencionados, tales como:

• «…la generación de dispositivos pedagógicos y normativos para que niños y niñas con ingresos tardíos logren en el menor tiempo posible, incorporarse al grado que por su edad cronológica correspondiera”;
• «la elaboración de “planificaciones institucionales que especifiquen la secuenciación de contenidos al interior y entre grados, la coordinación intra-ciclos, la posibilidad de producir diversos agrupamientos al interior de un ciclo con fines específicos de enseñanza, la priorización de aprendizajes en el tiempo y la designación de maestros en grados claves que puedan continuar en el año siguiente con el mismo grupo a los efectos de fortalecer la continuidad de la enseñanza y con ello la continuidad de las trayectorias escolares”; 
• «la revisión de los modos de evaluación a lo largo del primer grado y ciclo”;
• «la implementación del régimen de promoción acompañada, mediante estrategias tales como: fortalecimiento de la enseñanza en el segundo ciclo, apoyo pedagógico a los niños y niñas en aquellas instituciones que cuentan con perfiles como maestras/os de apoyo, comunitarios o de recuperación; materiales de trabajo contextualizados, tareas de apoyo en otras instituciones de la comunidad o redes sociales y atención desde los programas específicos de repitencia y (sobre)edad.”
• «la adopción del concepto de promoción acompañada, entendido como aquel que “permite promocionar a un estudiante de un grado/año al subsiguiente, siempre y cuando en el transcurso del mismo pueda garantizársele el logro de los aprendizajes no acreditados en el año anterior.”
• «el diseño de “dispositivos necesarios para que los supervisores, directores y equipos docentes puedan analizar las condiciones institucionales de enseñanza, las estrategias a poner en juego y con ellas los regímenes de promoción.”

Entendemos que el conjunto de estas decisiones son una buena oportunidad para generar  condiciones educativas de carácter  inclusivo, respetando a las y los estudiantes como sujetos de derecho. Las mismas plantean un importante desafío que desestructura las estrategias, tiempos y espacios de la escuela primaria tradicional, dando origen a nuevas organizaciones institucionales que habilitan procesos inclusivos para mejorar la construcción de los aprendizajes individuales y colectivos, que atiendan a la heterogeneidad y diversidad de las y los estudiantes.

Esta normativa que promueve una unidad pedagógica integral en los dos primeros años de la escuela primaria permitirá la continuidad de las estrategias orientadas a garantizar el derecho social y humano a la educación.

Sin embargo, para que estas decisiones planteadas como marco legal sean factibles en la realidad concreta de los sistemas educativos provinciales, es necesario que en cada jurisdicción se destinen los recursos económicos necesarios y se creen las condiciones adecuadas para garantizar las trayectorias de los estudiantes en el agrupamiento escolar correspondiente a su franja etaria. Para ello, asimismo, se requiere revisar las dimensiones de la organización institucional, del proceso de trabajo docente, y del currículum, para facilitar a las y los docente la realización de tareas de planificación, enseñanza y evaluación, como así también permita diseñar colectivamente dispositivos pedagógicos diversos, aptos para acompañar a estudiantes a lo largo de su trayectoria, especialmente aquéllos que suelen tener obstaculizado el pleno derecho a la educación.

De no crearse las condiciones institucionales, pedagógico-curriculares y de organización del trabajo docente  requeridas,  no podrán superar los obstáculos de este sistema que estigmatizan y discriminan a muchas niñas, niños y jóvenes que hoy se encuentran en situación de riesgo educativo.